Estamos a las puertas de cumplir el primer año de gestión de las directivas comunales elegidas para el período 2008-2011. Una de las apuestas clave para estos actores consiste en profundizar su proceso de transformación hacia instancias más democráticas, participativas, pluralistas y transparentes. En esta dirección, una de las principales tareas es erradicar las prácticas clientelistas, politiqueras y corruptas y articular la organización comunal con otras instancias estatales, de la empresa privada y del sector solidario, con universidades, ONG y gremios, entre otros actores.
La Dirección de asuntos políticos y electorales del Ministerio del Interior y de Justicia calcula en 45.000 las juntas de acción comunal del país. A ellas se suman cerca de 250 juntas de vivienda. Estas organizaciones cuentan con 800 asociaciones municipales, 28 Federaciones Departamentales y una Confederación Nacional Comunal. Son más de cuatro millones de afiliados. El 70 por ciento actúa en zonas rurales y semi rurales; el 30 por ciento tiene presencia en áreas urbanas, concentradas en barrios de estratos populares y medios. En Medellín son cerca de 450 organizaciones distribuidas en 16 comunas y 5 corregimientos; existen 19 asociaciones comunales y una federación municipal.
Se trata, en suma, de un gran capital social y político vital en la gestión democrática de lo público. Son hombres y mujeres que día a día se movilizan en los barrios y veredas de Colombia y de Medellín. En ocasiones, desconocidos y subestimados; en ocasiones, utilizados por la politiquería o mirados con desdén por tecnócratas; son, sin duda alguna, protagonistas en la construcción y consolidación de la democracia.
Un proyecto político democrático como el que hoy rige los destinos de Medellín debe reconocer la trayectoria cultural y el acumulado histórico de este movimiento social y, más que señalar sus vicios y males, apuntalar y proyectar el valor del trabajo asociativo y comunitario que representan. La abundante legislación relativa al movimiento comunal y la presencia de muy diferentes actores en su interior son evidencias de la pugna por controlar, cooptar, manipular, dirigir y vigilar las organizaciones comunales, en una puja que evidencia, también, la tensión entre las viejas formas de gestión pública y los vientos renovadores en la política.
Los apetitos electorales personalistas, el atraso político, el clientelismo, el protagonismo, el caudillismo, el populismo y las secuelas de corrupción son amenazas que aún se ciernen sobre estas organizaciones, tratan de desvirtuar sus fundamentos y torcer su papel como agentes del desarrollo y la democracia. Con todo, han estado vigentes durante medio siglo en un contexto supremamente adverso para los actores sociales y políticos autónomos; la marca política de los últimos cincuenta años está en un movimiento comunal diverso, plural; conflictivo, sí, pero, a la vez, unido en torno del trabajo asociativo, voluntario, constante, tal vez heroico, en medio de las difíciles circunstancias del país en los campos y en las ciudades (Luis Emiro Valencia. (Desde abajo. Edición 139. 16 de octubre de 2008).
Hoy es pertinente apostarle a la consolidación del movimiento comunal con proyectos que interpreten sus realidades. Consolidar las tendencias democráticas en su interior; promover programas y proyectos empresariales de economía solidaria; dar salida a las necesidades de desarrollo humano y social y fortalecer su interlocución con los gobiernos departamentales y municipales; son tareas que contribuirán a que las organizaciones comunales transiten hacia mayores niveles de madurez organizativa y política.
A partir de una lectura crítica del acumulado de medio siglo de existencia; retomando las pautas de los Congresos Nacionales Comunales, es necesario acompañar la transformación de un movimiento comunal ajustado a las circunstancias culturales y políticas de hoy; un movimiento democrático que consolide su visión de futuro y se fortalezca como agente autogestionario en el sector solidario. La organización comunitaria es fundamental para el logro de los objetivos colectivos y la defensa de los intereses ciudadanos. Es clave en la gestión de recursos y como expresión de la participación comunitaria. Es una organización que debe avanzar hacia mayores niveles de eficiencia en la gestión y en la interlocución con el Estado.
Fortalecer las organizaciones comunales con estrategias de capacitación, organización, autonomía, participación democrática y economía solidaria, permitirá su consolidación como actor social democrático que transita, cada vez con más decisión, de ser apéndice de la politiquería a constituirse en puntal de la democracia. Ello implica ampliar la afiliación de un gran número de ciudadanos, motivar la participación amplia en las comisiones de trabajo, en especial con jóvenes, hombres y mujeres profesionales que pongan al servicio comunitario sus conocimientos, su capacidad creativa y energía, en diálogo fructífero con los líderes históricos.
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